Lo que cambia con la nueva ley de licitación que entra en vigor en abril

La administración pública, a diferencia de las empresas privadas, no tiene autonomía para comprar, alquilar o contratar obras, servicios o productos, ya que no funciona con sus propios recursos, sino público. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo ofertas, que son procedimientos administrativos obligatorios para la contratación de bienes y servicios por parte del gobierno.

La nueva ley de licitación tiene como objetivo establecer procesos más simples, modernos y seguros.

Enumeramos los 5 cambios principales con la nueva ley de licitación:

1) Cambio de narrativa: del control al gobierno;

2) Extinción y creación de modalidades de licitación;

3) Una nueva mirada a la gestión de contratos;

4) Procedimientos auxiliares: instrumentos que pueden transformar la contratación pública;

5) Portal de contratación nacional: transparencia e intercambio.

A partir de abril de 2023, la nueva ley de licitación (No. 14,133/2021) celebrará plena efectividad, estableciendo licitaciones generales y contratación para las administraciones públicas directas, locales y fundamentales de la Unión, los Estados, los municipios y el Distrito Federal.

Los procesos tendrán una mayor flexibilidad y se simplifican y estandarizarán, reduciendo la cantidad de pasos y documentación requeridos. Con esto, se utilizarán menos recursos administrativos y judiciales

Cuando la nueva ley entra en vigor, las ofertas que aún están en vigor por la antigua legislación (8.666/93) continuarán siguiendo las reglas establecidas por esta ley hasta el final del proceso de licitación. Esto significa que no será posible usar ambas reglas en el mismo proceso o durante la ejecución del contrato administrativo. El propósito de esta medida es evitar conflictos legislativos.

La transición a la nueva ley será gradual y las nuevas ofertas, a partir del 3 de abril de 2023, deben realizarse de acuerdo con las nuevas reglas establecidas por la Ley 14.133/2021.

Este movimiento puede beneficiar a las empresas y marcas brasileñas, independientemente del tamaño, de muchas maneras. Algunos de los principales beneficios incluyen una mayor garantía de la integridad y la transparencia de los procedimientos, una mayor competitividad en las condiciones de mayor igualdad y flexibilidad de los procesos de licitación, todo por el uso de la tecnología, alentar la mitigación de riesgos, la priorización de la solución de conflicto por medios extrajudiciales e inversión En medidas sostenibles por parte de las empresas, aumentando la confianza de estas organizaciones.

¿Quieres saber más sobre estos cambios?

En Audilink podemos ayudarlo en esta adaptación a las nuevas reglas con nuestro equipo de expertos. ¡Contáctenos!