Declaración en la recuperación judicial y los impuestos

Como sabemos, la recuperación judicial establecida por la Ley 11.101/2005 es enmendada por la Ley 14.112/2020 no se limita a apoyar y alcanzar las actividades comerciales en crisis, sino también a proteger la función social que debería guiar esta relación. P>

El proceso de recuperación judicial, como sabemos, obtiene de sus acreedores un descuento porcentual de deuda que varía de un proceso a otro pero normalmente relevante.

En recuperación judicial, todos los acreedores recibirán legalmente menos de lo que tienen derecho, es decir, para un desacuerdo, por ejemplo, el 70% de los acreedores recibirán el equivalente del 30% de su crédito.

Resulta que uno de los principales acreedores en el caso de las autoridades gubernamentales/fiscales no acepta la disenera porque requiere que el valor esté gravado por el impuesto sobre la renta y la contribución social sobre el ingreso neto. Como resultado, la cantidad Eso se reduce entre las partes (la compañía de recuperación y sus acreedores) debe tener impuestos.

.

Con esto, los acreedores privados pierden legalmente gran parte de sus créditos, pero las autoridades gubernamentales/fiscales no requieren que los desacuerdo sean gravados.

Es cierto que una responsabilidad no remunerada debe reconocerse como un ingreso. Simplemente verifique la legislación fiscal (Art. 441, II de RIR/2018, Art. 53 de la ley 9.430/1996, en RFB No. 1,700/2017, además de las pautas técnicas impuestas por el Consejo Federal de Contabilidad por la Resolución No. 1,374/ 2011. En los casos de recuperación judicial, el gobierno/Fisco debería participar en el esfuerzo de la compañía para mantenerse activos, con beneficios para la economía, el mantenimiento del empleo, etc., pero no lo hace.

Se produce una posición similar (considerada la excepcionalidad de la Ley No. 11.491/2009) cuando las empresas optan por cuotas especiales ofrecidas periódicamente por el gobierno federal (Refis, Pert, etc.). Los valores reducidos/sobresalidos también deben ofrecerse impuestos, es decir, el gobierno con una mano y se retira con la otra, causando preocupación e incomodidad entre las compañías optadas.

La incertidumbre ya ha sido la verdadera imposición de los que no están en desacuerdo con PIS/PASEP y Cofins dejó de existir cuando la promulgación de la Ley 14.112/2020 que modificó algunos aspectos previstos en la Ley No. 11,101/2005 cuando incluía el Artículo 54 A O o o o o o o o o o que establece que los ingresos obtenidos por el deudor no se calcularán para calcular la base de cálculo PIS/PASEP/COFINS y que la ganancia obtenida al reducir la deuda no estará sujeta al límite porcentual de IRPJ/CSLL, es decir, el límite de 30 % Reducción a través de la compensación y las deducciones proporcionadas por la ley, la base de cálculo IRPJ/CSLL.

Debe considerarse que los gastos relacionados con las obligaciones originadas por el proceso judicial se considerarán deducibles.

Al final, a pesar de la Degia relevante practicada en los procesos de recuperación judicial, solo el 23% de las empresas sobreviven después de solicitar una recuperación judicial. Un estudio de Serasa Experian encontró que solo 1 compañía en 4 puede sobrevivir en Brasil después de solicitar una recuperación judicial.

Ernani Marcucci/15.05.2023